Un trabajo solidario y mancomunado con municipios, juntas de gobierno, organizaciones no gubernamentales (ONG) vinculadas al tema discapacidad e instituciones educativas, además de otras reparticiones del Estado entrerriano, encaró la flamante titular del Instituto de la Discapacidad de Entre Ríos, Claudia Allende de Butta. Lograr la reglamentación de la ley provincial N° 9891, como así también brindar atención a aquellas personas con discapacidad que viven en zonas alejadas, son dos grandes desafíos para esta mujer que desde lo privado hace 15 años trabaja en esa temática como “un compromiso de vida”.En la Dirección Provincial de Discapacidad, la nueva funcionaria recibió a representantes de ONGs de Paraná, Victoria y Diamante, que forman parte de la zona 3 -una de las seis en que se divide la provincia-, y les dijo: “Desde hace 15 años que realizo un trabajo institucional con Aspasid y sé las necesidades que tenemos, pero también quiero decirles que están abiertas las puertas de mi despacho para dialogar o acercar propuestas”.
Desde “la solidaridad” propuso a las ONG sumarse al trabajo conjunto con otras reparticiones del Estado, municipios y juntas de gobierno, y así poder llegar fundamentalmente a aquellos lugares donde no se plantean sacar un certificado de discapacidad o recibir atención, como por ejemplo las zonas rurales. “Este trabajo no puede demorarse”, enfatizó y a ello agregó que también trabajará con instituciones educativas vinculadas a esa temática.
“Tengo un hijo con discapacidad que es mi compromiso de vida y voy a luchar por esta causa”, se la escuchó decir en el encuentro, cuyo objetivo fue escuchar a los representantes de la ONGs y conversar sobre la reglamentación de la ley provincial N° 9891, que fue “sancionada en 2008 en un contexto histórico y quizás único en el país, ya que pudo impregnarse de documentos de derechos humanos como es la Convención Internacional ”. A ello agregó que la norma provincial adhiere a la ley nacional N° 24.901, la cual establece el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral y declara de interés público el desarrollo integral de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, acceso, oportunidad, derechos y deberes que el resto de los habitantes.
Trabajo mancomunado
“Quiero contar en qué estamos trabajando y que desde las zonas se acerquen aportes para la reglamentación de la ley, que es urgente”, continuó diciendo la funcionaria, al tiempo que acotó que “las necesidades son muchas y de distinta índole, como por ejemplo de accesibilidad o de empleo. Vamos a ir abordando todas esas cuestiones progresivamente, siempre tratando de ser lo más equitativos posible en la distribución de los fondos para que lleguen a las instituciones y las personas que más los necesitan”.
Poder llegar ayudar a las personas con discapacidad que viven en zonas alejadas es también prioritario para la funcionaria y es por ello que se establecerán contactos, fundamentalmente con juntas de gobierno.
“Es importante trabajar con las distintas áreas de gobierno porque este Instituto no puede dar respuesta a todo, así que articularemos las tareas y también nos contactaremos con los municipios para dar respuestas rápidas, principalmente a los más necesitados”, acotó finalmente Claudia Allende de Butta.
