La delegación Argentina que participa de las audiencias orales en la Corte Internacional de La Haya por el caso de Botnia, negó ayer de manera enfática y contundente que el país le hubiera dado permiso para que Botnia sea construida.
Así lo afirmaron los expertos argentinos en la tercera sesión de audiencias ante La Haya, quienes además dijeron que Uruguay debió haber consultado a las poblaciones afectadas por la planta de celulosa Botnia.
“Uruguay pretende afirmar que hubo un consentimiento de Argentina a la violación del artículo 7 del Estatuto”, afirmó el especialista en derecho internacional de la Universidad de Ginebra Marcelo Kohen, al intervenir ante la Corte. “En ningún momento las partes acordaron no aplicar el Estatuto de 1975, tal como afirma Uruguay. Es evidente que no ha sido así”, subrayó el especialista.
“Uruguay quiere hacer creer que las negociaciones paralelas pueden sustituir los procesos previstos en el Estatuto”, remarcó, haciendo referencia al Estatuto del Río Uruguay de 1975 que plantea que la parte que proyecte obras que puedan afectar la “navegación, el régimen del río y la calidad de sus aguas”, deberá comunicarlo a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
“Si las negociaciones directas llevadas a cabo entre octubre de 2003 y mayo de 2006” hubiesen conducido a un acuerdo, éste “no sustituye las obligaciones hacia el Estatuto”, añadió el especialista.
De igual forma, los representantes argentinos dijeron que Montevideo no presentó a tiempo los informes medioambientales de la planta de celulosa Botnia, pues los hizo después de otorgar el permiso para su instalación.
Según dijo la profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Ginebra, Laurence Boisson de Chauzournes, asesora de Argentina en el juicio, lo correcto hubiese sido que Uruguay presentara el informe medioambiental antes de emitir los permisos de obra que fueron concedidos en 2003 y no después, como efectivamente pasó. Por ese motivo “no creó un informe de acuerdo con los procedimientos” internacionales, añadió.
Mantuvo que el objetivo de ese documento solamente era “justificar la localización” de la planta, ya que únicamente aporta datos de la zona de Fray Bentos -donde se asentó la papelera- y no incluye “otras alternativas”.
Asimismo, dijo que el informe medioambiental uruguayo tampoco incluyó un análisis legal, ni se sometió a un período de consulta pública, como habría sido pertinente. La asesora legal especificó que el documento también obvió un análisis de cómo afectaría la celulosa en territorio argentino, así como el estudio de la “morfología del río y su vulnerabilidad”.
Por su parte, el profesor de la Facultad de Ciencias y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, Juan Carlos Colombo, expuso un informe técnico sobre las consecuencias de la papelera Botnia sobre el medioambiente, el cual está basado en muestras extraídas directamente del río.
Al respecto, dijo que la planta de celulosa, la cual funciona desde noviembre de 2007, vierte en el río “decenas de miles de toneladas de contaminantes por año”, además de generar un empeoramiento de la calidad del aire en terreno argentino como consecuencia directa de los humos y los olores emitidos por la celulosa.
Argentina demandó en mayo de 2006 a Uruguay ante la Corte de La Haya por la decisión unilateral de Montevideo de autorizar la instalación de Botnia a la vera de un río que es de administración compartida. La Corte Internacional confirmó que el 14 de septiembre y el 2 de octubre serán las dos últimas audiencias orales del conflicto entre Argentina y Uruguay, antes de la sentencia, la cual se dará a conocer presumiblemente en marzo de 2010.
De acuerdo con el boletín de La Corte Internacional de Justicia de La Haya, durante la primera fase de audiencias Argentina deberá exponer los días 14, 15, 16 y 17 de septiembre, mientras que Uruguay hará lo propio el 21, 22, 23 y 24 del mismo mes. Asimismo, en la segunda etapa, Buenos Aires expondrá sus argumentos el 28 y 29 de septiembre y Uruguay le seguirá el 1° y 2 de octubre. Fuente El Argentino de Gchu.
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