Uruguay, en la segunda exposición ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, continuó argumentando sobre la autorización que otorgó a Botnia para construir la planta sobre el Río Uruguay.
El abogado Neil McCubbin manifestó que la misma funciona con “procesos modernos”, está regida por "estándares europeos" y alertó que Argentina aún no presentó pruebas de daños ambientales.
Explicó además que la tecnología usada en esta factoría -dióxido de cloro para el blanqueado de papel- requiere un menor número de árboles, de energía y de agua que la TCF.
Precisó que con esa tecnología Botnia vierte al río "un tercio del nivel" que los expertos de la Argentina han señalado, con un valor de un miligramo por litro, como está permitido. "Solamente dos plantas celulosas de las 130 que hay en los EEUU usan la tecnología TCF y que ni la más moderna de Europa" la aplica.
Por su parte, el profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico (California) Stephen McCaffrey dijo que al aprobar la construcción de la planta, Uruguay “siguió las directrices del Estatuto del Río Uruguay y respetó el concepto de desarrollo sostenido".
"Desarrollo sostenido significa respetar las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras. Uruguay tuvo justamente en mente estos dos conceptos" al permitir la planta.
Según su criterio, Montevideo "siguió un proceso de evaluación riguroso y completamente consistente con el Estatuto de 1975 (Estatuto del río Uruguay)" al planear la construcción de la planta, para lo cual se aplicó un análisis "meticuloso de los impactos medioambientales de ese proyecto sobre el río”. En cambio, nada comentó sobre la consulta nunca realizada a Argentina sobre la intención de construir la planta.
Fabián Moreno Navarro, abogado de la Asamblea Ambiental, no se mostró sorprendido con la posición uruguaya. “Es evidente que hay contaminantes de los que planteó Argentina como presentes en el medio ambiente que Uruguay siente que no puede desconocer que allí están. Y está pretendiendo desviar la responsabilidad por la existencia de estos contaminantes a actividades que existan en nuestro territorio”, enfatizó a Radio Cero.
-¿Qué reacción pueden tomar los jueces?
Va a depender mucho de la calidad de la prueba técnica de ambos países. La delegación argentina afirmó que había obtenido pruebas en los propios productos de Botnia donde encontró presente estos contaminantes, tanto en la celulosa como en los chips de madera que utilizan. Son para la limpieza de la planta y el otro para la conservación de la madera.
Lo que está diciendo el Uruguay es que Botnia no utiliza estos tipos de sustancias que están presentes en el medio ambiente. Parece realmente una acción desesperada para pretender desconocer su responsabilidad y falta de control sobre la planta.
Lo que está surgiendo en base a esto es que Uruguay parece no saber exactamente qué es lo que Botnia está utilizando y que es lo que está emitiendo al ambiente. Espero que sea la conclusión que saque el tribunal.
- Uruguay reconoce la contaminación pero afirma ‘no es por culpa nuestra’.
Esto ha sido la actitud y estrategia, también está diciendo que el río puede ser que esté recibiendo contaminantes y que están todos dentro de los parámetros aceptables. Eso es algo que siempre ha sostenido y que nuestra delegación, por el contrario, afirmó que el río no estaba en condiciones de aceptarlos y diluirlos en sus impactos.
Allí también hay una discusión técnica importante: si el río estaba o no en condiciones dadas sus características.
Todas esas cuestiones que Argentina puntualizó la semana pasada hacen pensar -y esto es lo que dicen nuestros estudios- que el río está sufriendo los efectos de las descargas contaminantes.
Uruguay está diciendo exactamente lo contrario, por supuesto que se lo han fijado en forma unilateral.
Violación del Estatuto
- Uruguay negó ante La Haya que haya violado el Estatuto del Río Uruguay.
Tenemos una posición muy clara de la Asamblea. Uruguay pretendió establecer un hecho consumado y lo reconocieron autoridades importantes del vecino país; especialmente la presidenta en ese momento de la delegación en la CARU que dijo: “que no llegó al seno de la CARU estos proyectos porque Argentina no los hubiera aceptado y hubiera tenido que ser el Uruguay el que fuera a La Haya para tratar de llevarlos adelante”.
Lo que pretende el Uruguay es inferir, deducir algún tipo de consentimiento tácito de documentación que se fue suscribiendo en las primeras épocas de todo el proceso de instalación de las plantas y utilizarlos como una especie de consentimiento, un aval argentino.
Creo que no hay ninguna duda de que Uruguay no cumplió con el Estatuto y pretende alguna forma decir de que Argentina aceptó ese cumplimiento anómalo.
Considero que la Corte no va a aceptar esta interpretación sobre todo porque hoy estamos frente a una fábrica que fue posterior; cronológicamente su autorización y todos los trámites de Botnia fueron después a los documentos que pretende esgrimir Uruguay.
Podemos criticar mucho la actitud de la delegación argentina ante la CARU, consideramos que fue muy poco feliz su intervención en todo ese proceso. Pero de ahí a decir que hay un documento firmado hay una gran diferencia.
Carta de la Asamblea a la UNER
La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú remitió una carta al Rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Eduardo Asueta, exhortando se rechace “los fondos procedentes de la distribución de beneficios de YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio) que corresponden a la explotación catamarqueña Bajo La Alumbrera, el cual es destinado, por una nefasta ley que posibilita este tipo de financiamiento, a las Universidades Nacionales, aunque esto no se constituya en acto legítimo”.
Expresaron los ambientalistas, “creyéndonos con justo derecho por formar parte de la comunidad, que desde nuestra organización rechazamos los fondos provenientes de cualquier empresa contaminante destinados a nuestras Universidades Nacionales y a cualquier ámbito de la educación pública”.
Basaron el pedido en el conocimiento “fehaciente de que estos fondos provienen de emprendimientos que contaminan el agua, la tierra y el aire, devastando la salud y el medio ambiente de poblaciones. Podemos mencionar los 100 millones de litros de agua que diariamente “Bajo la Lumbrera” extrae en una zona semiárida, como es la provincia de Catamarca, la lixiviación del cianuro que utiliza para separar las partículas de metal de la roca, las napas de agua contaminadas que la gente utiliza para su vida cotidiana. Generaciones enteras de niños que nacerán padeciendo malformaciones, sumado a las severas enfermedades que ya sufren los pobladores de la zona y el empobrecimiento y exclusión de estas comunidades, que se ven obligadas a vender sus tierras a muy bajo costo, debido a que el agua de riego, altamente contaminada con cianuro y otras sustancias tóxicas dejan inutilizados sus cultivos”.
La Asamblea Ambiental considera “inmoral y falto de ética la aceptación de los fondos provenientes de estos emprendimientos contaminantes y saqueadores”.
Por Rubén Skubij/ El Dia Gchu.
El abogado Neil McCubbin manifestó que la misma funciona con “procesos modernos”, está regida por "estándares europeos" y alertó que Argentina aún no presentó pruebas de daños ambientales.
Explicó además que la tecnología usada en esta factoría -dióxido de cloro para el blanqueado de papel- requiere un menor número de árboles, de energía y de agua que la TCF.
Precisó que con esa tecnología Botnia vierte al río "un tercio del nivel" que los expertos de la Argentina han señalado, con un valor de un miligramo por litro, como está permitido. "Solamente dos plantas celulosas de las 130 que hay en los EEUU usan la tecnología TCF y que ni la más moderna de Europa" la aplica.
Por su parte, el profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico (California) Stephen McCaffrey dijo que al aprobar la construcción de la planta, Uruguay “siguió las directrices del Estatuto del Río Uruguay y respetó el concepto de desarrollo sostenido".
"Desarrollo sostenido significa respetar las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras. Uruguay tuvo justamente en mente estos dos conceptos" al permitir la planta.
Según su criterio, Montevideo "siguió un proceso de evaluación riguroso y completamente consistente con el Estatuto de 1975 (Estatuto del río Uruguay)" al planear la construcción de la planta, para lo cual se aplicó un análisis "meticuloso de los impactos medioambientales de ese proyecto sobre el río”. En cambio, nada comentó sobre la consulta nunca realizada a Argentina sobre la intención de construir la planta.
Fabián Moreno Navarro, abogado de la Asamblea Ambiental, no se mostró sorprendido con la posición uruguaya. “Es evidente que hay contaminantes de los que planteó Argentina como presentes en el medio ambiente que Uruguay siente que no puede desconocer que allí están. Y está pretendiendo desviar la responsabilidad por la existencia de estos contaminantes a actividades que existan en nuestro territorio”, enfatizó a Radio Cero.
-¿Qué reacción pueden tomar los jueces?
Va a depender mucho de la calidad de la prueba técnica de ambos países. La delegación argentina afirmó que había obtenido pruebas en los propios productos de Botnia donde encontró presente estos contaminantes, tanto en la celulosa como en los chips de madera que utilizan. Son para la limpieza de la planta y el otro para la conservación de la madera.
Lo que está diciendo el Uruguay es que Botnia no utiliza estos tipos de sustancias que están presentes en el medio ambiente. Parece realmente una acción desesperada para pretender desconocer su responsabilidad y falta de control sobre la planta.
Lo que está surgiendo en base a esto es que Uruguay parece no saber exactamente qué es lo que Botnia está utilizando y que es lo que está emitiendo al ambiente. Espero que sea la conclusión que saque el tribunal.
- Uruguay reconoce la contaminación pero afirma ‘no es por culpa nuestra’.
Esto ha sido la actitud y estrategia, también está diciendo que el río puede ser que esté recibiendo contaminantes y que están todos dentro de los parámetros aceptables. Eso es algo que siempre ha sostenido y que nuestra delegación, por el contrario, afirmó que el río no estaba en condiciones de aceptarlos y diluirlos en sus impactos.
Allí también hay una discusión técnica importante: si el río estaba o no en condiciones dadas sus características.
Todas esas cuestiones que Argentina puntualizó la semana pasada hacen pensar -y esto es lo que dicen nuestros estudios- que el río está sufriendo los efectos de las descargas contaminantes.
Uruguay está diciendo exactamente lo contrario, por supuesto que se lo han fijado en forma unilateral.
Violación del Estatuto
- Uruguay negó ante La Haya que haya violado el Estatuto del Río Uruguay.
Tenemos una posición muy clara de la Asamblea. Uruguay pretendió establecer un hecho consumado y lo reconocieron autoridades importantes del vecino país; especialmente la presidenta en ese momento de la delegación en la CARU que dijo: “que no llegó al seno de la CARU estos proyectos porque Argentina no los hubiera aceptado y hubiera tenido que ser el Uruguay el que fuera a La Haya para tratar de llevarlos adelante”.
Lo que pretende el Uruguay es inferir, deducir algún tipo de consentimiento tácito de documentación que se fue suscribiendo en las primeras épocas de todo el proceso de instalación de las plantas y utilizarlos como una especie de consentimiento, un aval argentino.
Creo que no hay ninguna duda de que Uruguay no cumplió con el Estatuto y pretende alguna forma decir de que Argentina aceptó ese cumplimiento anómalo.
Considero que la Corte no va a aceptar esta interpretación sobre todo porque hoy estamos frente a una fábrica que fue posterior; cronológicamente su autorización y todos los trámites de Botnia fueron después a los documentos que pretende esgrimir Uruguay.
Podemos criticar mucho la actitud de la delegación argentina ante la CARU, consideramos que fue muy poco feliz su intervención en todo ese proceso. Pero de ahí a decir que hay un documento firmado hay una gran diferencia.
Carta de la Asamblea a la UNER
La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú remitió una carta al Rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Eduardo Asueta, exhortando se rechace “los fondos procedentes de la distribución de beneficios de YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio) que corresponden a la explotación catamarqueña Bajo La Alumbrera, el cual es destinado, por una nefasta ley que posibilita este tipo de financiamiento, a las Universidades Nacionales, aunque esto no se constituya en acto legítimo”.
Expresaron los ambientalistas, “creyéndonos con justo derecho por formar parte de la comunidad, que desde nuestra organización rechazamos los fondos provenientes de cualquier empresa contaminante destinados a nuestras Universidades Nacionales y a cualquier ámbito de la educación pública”.
Basaron el pedido en el conocimiento “fehaciente de que estos fondos provienen de emprendimientos que contaminan el agua, la tierra y el aire, devastando la salud y el medio ambiente de poblaciones. Podemos mencionar los 100 millones de litros de agua que diariamente “Bajo la Lumbrera” extrae en una zona semiárida, como es la provincia de Catamarca, la lixiviación del cianuro que utiliza para separar las partículas de metal de la roca, las napas de agua contaminadas que la gente utiliza para su vida cotidiana. Generaciones enteras de niños que nacerán padeciendo malformaciones, sumado a las severas enfermedades que ya sufren los pobladores de la zona y el empobrecimiento y exclusión de estas comunidades, que se ven obligadas a vender sus tierras a muy bajo costo, debido a que el agua de riego, altamente contaminada con cianuro y otras sustancias tóxicas dejan inutilizados sus cultivos”.
La Asamblea Ambiental considera “inmoral y falto de ética la aceptación de los fondos provenientes de estos emprendimientos contaminantes y saqueadores”.
Por Rubén Skubij/ El Dia Gchu.
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