En la última audiencia oral de la primera ronda de exposiciones ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Argentina exigió enfáticamente el “desmantelamiento y cese de actividades” de Botnia, y reiteró que Uruguay violó obligaciones "sustantivas" y de "procedimiento".
El pedido argentino en el cierre de la exposición oral de sus argumentos en el juicio contra el país vecino, se sustenta como una medida de restitución ante la violación del Estatuto de Río Uruguay por parte del gobierno de Tabaré Vázquez.
La defensa de la postura de nuestro país en el juicio que se dirime en la Corte Internacional, por las autorizaciones de Uruguay a Botnia y ENCE para que se instalen en el margen izquierdo del río compartido, reiteró ante el máximo Tribunal los “actos ilícitos” del Estado vecino.
Por ese motivo, el experto en derecho internacional Alain Pellet, durante su alegato sostuvo el argumento que “todavía es posible desmantelar la planta” y propuso que las instalaciones de la pastera sean destinadas para otros usos.
Remarcó además que se puede “trasladar la maquinaria a otra pastera en un emplazamiento, lo que no sería dificultoso ni costoso”, y defendió el pedido de Argentina para que Botnia se vaya del lugar donde funciona. “El cese de las actividades y desmantelamiento (de la pastera) no es imposible ni desproporcionado”, subrayó.
No obstante, el jurista afirmó que en la Memoria presentada oportunamente al Tribunal nuestro país expresa claramente que estaría satisfecho con un cambio en el uso de las instalaciones de Botnia, para que sirva a otro propósito que no afecte el ecosistema del Río Uruguay y sus áreas de influencia.
"Las consecuencias legales de un hecho ilícito internacional, incluye que cese el acto injusto, que se den garantías de no repetición, una completa reparación de daño o compensación cuando la misma no es practicable o es insuficiente", explicó Pellet.
“Restitución íntegra”
En ese sentido, el especialista en derecho internacional afirmó que Argentina pide "reestablecer la situación" al momento anterior a la comisión del "hecho ilícito internacional", esta es una medida de "proporcionalidad".
En la última audiencia oral de la primera ronda de exposiciones, nuestro país acusó que Uruguay violó tanto obligaciones "sustantivas" como de "procedimiento" previstas por el Estatuto de 1975 -base de la demanda-, al autorizar la instalación de Botnia y ENCE en el margen izquierdo del río compartido.
Al respecto, Pellet sentenció que Uruguay debía acudir a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) antes de autorizar la instalación de las pasteras, pero no lo hizo, y tampoco tomó medidas para "prevenir la contaminación".
"Uruguay niega haber cometido estas violaciones y dice que el daño causado a Argentina no es un hecho ilícito internacional", destacó Pellet, pero aclaró que ante esa situación "hemos demostrado, con pruebas, que el vecino país violó varios aspectos del Estatuto", por lo que las medidas de reparación reclamadas "son apropiadas".
"Si Uruguay hubiera informado a la CARU, las cosas no hubiesen llegado tan lejos. Botnia no se hubiese construido en su actual emplazamiento", remarcó y prosiguió: "cuando autorizó la construcción de las pasteras, (el Gobierno de Tabaré Vázquez) estaba advertido de que Argentina se oponía al proyecto, porque se pidió su suspensión".
No obstante, "Uruguay deliberadamente asumió el riesgo de permitir y autorizar la construcción de Botnia", añadió Pellet.
El especialista invocó al tribunal, que al rechazar el pedido de suspensión de la construcción de Botnia solicitado por Argentina advirtió que "la instalación de las pasteras en los actuales emplazamientos no puede ser juzgado como un hecho consumado", ya que si se llega a dictaminar que se incumplió con la ley "no debe excluirse" la posibilidad de que se "desmantele".
El daño ya esta hecho
Al momento de resumir la posición de nuestro país, el especialista de la Universidad de Ginebra, Marcelo Kohen, recordó que "Uruguay intentó imponer a Argentina un hecho consumado al autorizar la instalación de las pasteras, no hizo un estudio de impacto completo antes de tomar la decisión, tampoco evaluó emplazamientos alternativos".
Ante la atenta mirada de los integrantes del Tribunal, Kohen sentenció que Botnia "ya causó daño en el agua, el aire, y el ecosistema del río, afectando la vida de los pobladores y actividades preexistentes como su uso recreativo y el turismo".
"El daño ya existe y la situación podría empeorar si Botnia sigue operando", apuntó, antes de detallar los incidentes de explosiones en la planta, los "olores nauseabundos" y los "problemas respiratorios de pobladores, y especialmente niños".
Antes de concluir la reunión los jueces formularon preguntas a ambas partes, que tendrán que ser respondidas en las siguientes audiencias.
Una cuestión que interesa a los integrantes del máximo Tribunal de Justicia internacional es saber si Botnia podría convertir su tecnología actual (ECF- libre de cloro elemental) por el sistema utilizado en Europa (TCF -totalmente libre de cloro), un proceso mucho más costoso.
Los jueces están interesados también en el proceso de emisión de gases contaminantes y del agua utilizada en la planta.
Uruguay deberá responder a estos planteamientos el próximo lunes cuando se reanuden las audiencias.
En Europa no la hubiesen autorizado
Antes del último alegato de la posición de Argentina, el jurista británico Philippe Sands, aseguró que "ningún Estado de la Unión Europea (UE) hubiese autorizado una planta como Botnia" en un lugar como Fray Bentos.
Según Sands, Uruguay autorizó a Botnia a realizar "masivas descargas de contaminantes al río, suponiendo que iba a disolverlos", basándose en estudios de Impacto ambiental limitados e incompletos, realizados meses antes de que la planta comenzara a construirse y años después de que se tomara la decisión sobre su emplazamiento.
El jurista sentenció que el gobierno de Tabaré Vázquez defendió reiteradamente que Botnia cumplía con los estándares de la UE, “pero las mediciones técnicas del agua realizadas por Argentina demuestran que la pastera utiliza ‘nonyl phenols’, un producto de limpieza industrial que está prohibido en la UE y que es altamente tóxico".
"Uruguay tenía la obligación de tomar medidas para prevenir la contaminación, pero ¿cómo iba a hacerlo si actuaba sobre la bases de falsas presunciones?", se preguntó.
Fuente El Día de Gchu
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