viernes, 18 de septiembre de 2009

Rumbo a la Renta Básica Ciudadana en Entre Ríos

Una charla-debate que se tituló Renta Básica Ciudadana, se realizó anoche en el salón del rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) en Concepción del Uruguay, donde disertó el diputado provincial por la Unión Cívica Radical (UCR), José Antonio Artusi y la licenciada en socióloga Natalia Marcó de esa consultora. “Terminar con la pobreza y el hambre es una tarea de todos”, fue el subtítulo del encuentro que estuvo organizado por la Juventud Radical.

El legislador Artusi, es autor de un proyecto de Ley presentado en agosto, a través del cual se pretende reglamentar el artículo 24 de la Constitución provincial, en el que se asegura a los ciudadanos entrerrianos los derechos a la alimentación y a “un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia”.

En la reforma constitucional provincial, realizada en el 2007 y sancionada en enero del 2008, se incorporó el artículo 24, el que al no estar aún reglamentado por una Ley, no se cumple. “El Estado asegura a todos los habitantes el derecho a la alimentación, así como un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia en situaciones de falta de empleo regular, inestabilidad económica, social o catástrofes que coloquen al afectado en situación de desamparo.
Un Ente público con participación ciudadana tendrá a su cargo la efectivización de ese derecho”, dice textualmente.

Artusi, en su iniciativa, contempla comenzar con una asignación focalizada a los menores de 14 años que estén dentro del sistema educativo, con un monto mínimo que supere la cifra oficial de indigencia. “La idea es ir analizando cada dos años que otros sectores podemos agregar, como la adolescencia, por ejemplo”, sostuvo el legislador uruguayense. Por otro lado, agregó que si bien el suyo “es un proyecto que seguramente puede ser mejorado por el aporte de los otros integrantes de la Cámara, lo importante es que se comience a discutir”.

Reclamo por el artículo 24
En el mes de julio, en Concordia un grupo de desempleados tomó el edificio de la Comisión Administradora de los Fondos Excedentes de Salto Grande (Cafesg) con el objetivo de reclamarle al gobernador Sergio Urribarri que cumpla con esta parte de la Constitución y que les abone unos 800 pesos mensualmente.
Por Valodia Nichajew

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