Por Verónica Toller- "La Fiscalía Federal pidió que nuestra causa se acumule a la 56200/06. Creemos que el jueves se verificó este procedimiento", respondió a El Entre Ríos el abogado Juan Andrés Drabble, representante legal de los Ciudadanos Movilizados de Gualeguaychú en contra del corte de ruta. La citada causa 56200/06 se caratula "Escuadrón 56 de Gendarmería Gualeguaychú comunica corte de ruta", y data de febrero de 2006.Ayer, los asambleístas de Gualeguaychú hicieron una movilización hasta el monumento a Artigas de esa ciudad, a fin de fortalecerse ante la posibilidad de que el juez federal Gustavo Pimentel les notifique esta semana que deben levantar el corte.
Negó, por otro lado, haber recibido presión alguna desde el gobierno provincial o local en relación con la presentación judicial que radicó en el último mes ante la Justicia, como representante legal de los Vecinos Movilizados. "Pedimos el levantamiento del corte, pero no hay denuncia penal contra persona alguna", puntualizó. De todos modos, la denuncia por él presentada se atiene al artículo 194 del Código Penal, que prevé penas de hasta dos años de prisión para quien "impida, estorbe o entorpezca" el normal funcionamiento del transporte.
Respecto de la sospecha que pesa sobre este grupo de Vecinos, de acuerdo a la cual, su denuncia sería funcional al gobierno nacional y provincial, Drabble agregó que solo dos veces en su vida se ha encontrado personalmente con el gobernador Sergio Urribarri: "una, precisamente cuando los Ciudadanos Movilizados le solicitaron apoyo en 2009", especificó. "Puedo asegurar que quienes propusieron la medida de ir a la Justicia no tienen afinidad con el gobierno".
Los Ciudadanos Movilizados presentaron ante el Juez Federal de Concepción del Uruguay Gustavo Pimentel una denuncia contra el corte que llevan adelante sus convecinos, y pidieron la inmediata liberación del camino. En la causa 56.200, ahora acumulada a la de los Movilizados, aparece la notificación que en febrero de 2006 el ex Juez Federal Guillermo Quadrini envió a los asambleístas ordenándoles no tomar ninguna medida que pudiera "perjudicar el normal tránsito del transporte" por la ruta internacional 136, so pena de quedar incursos en la figura prevista por el Art. 194 del Código Penal. Dicha cédula llevaba también la firma del entonces Secretario del Juzgado, Gustavo Pimentel.
La semana pasada, el ministro del Interior Florencio Randazzo declaró: "Si el juez lo ordena, el jefe de Gendarmería tiene que desalojar. El Gobierno va a cumplir", aseguró. La Asamblea tomó estas declaraciones con calma. "La Justicia tiene que actuar ahora en base a lo que la propia Justicia actuó en casos anteriores –replicó el asambleísta y abogado Osvaldo Fernández-. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho ya que los asambleístas tenemos que ser oídos antes de que se tome ninguna resolución".
Se refería a lo resuelto por el máximo tribunal el 4 de noviembre de 2008, cuando desestimó in limine la petición autosatisfactiva del ciudadano argentino Mario Ianuzzi, quien asesorado por Salvador Rossetti de la Asamblea Rutas Libres, pidió el levantamiento del bloqueo de la ruta 136.
Los Movilizados sostienen que cuentan con más de 7 mil firmas de vecinos "que están cansados, que avalan el levantamiento del corte porque ya no tiene razón de ser, teniendo en cuenta que la Corte Internacional de La Haya ya se expidió", según indicó Cristina Garciarena. "Si tienen más de 7 mil firmas, ¿por qué no fueron a la asamblea ampliada de mayo pasado, llenaron las gradas y votaron el levantamiento del corte?", interpelaron por su lado las asambleístas Cristina Limba y Ana Angelini.
En la denuncia, los Movilizados solicitan "la intervención del juzgado y se formula denuncia penal, a los fines de que se investigue la obstrucción del paso en el kilómetro 28 de la ruta 136. Y que se actúe en consecuencia". Para sus convecinos asambleístas, la frase "que se actúe en consecuencia" implica un pedido de represión y castigo. "No es posible que hagan eso", dijeron ayer a El Entre Ríos. "Incluso, uno, dueño de una parrilla, llegó a decir que pedían al Juzgado que cuidara de que no volvamos a la ruta, porque de sacarnos se encargaban ellos, con todo lo que eso significa".
Ayer, durante la movilización que realizaron ante el monumento a Artigas, los asambleístas declararon: "A aquellos vecinos que recorren los medios de comunicación haciendo apología de la represión, desconociendo la legitimidad del reclamo que lleva adelante Gualeguaychú, movilizados por mezquinos intereses, políticos y financieros, a estos mercenarios les decimos: nuestro pueblo está de pie y tiene a esta Asamblea Ciudadana Ambiental como la herramienta que ha constituido democráticamente para luchar por el desmantelamiento de Botnia-UPM".
"Responsabilizamos al gobierno nacional, provincial y municipal por la seguridad e integridad física de los vecinos que defendemos la vida sobre la ruta 136, en el Paraje Histórico y Cultural de Arroyo Verde; y les exigimos, que en vez de convalidar la división que algunos pocos generan en nuestra ciudad, pongan todo su empeño en ejecutar medidas concretas para hacer realidad el desmantelamiento de Botnia-UPM".
El resultado de la medida solicitada por los Movilizados es incierto, aunque algunas versiones indicaban ayer en Gualeguaychú que mañana lunes podría haber resolución judicial.
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