Informaron a la Asamblea sobre la documentación presentada en La Haya

El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), Homero Bibiloni -que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros- y Susana Ruiz Cerrutti en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, junto con el presidente de la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Hernán Darío Orduna, mantuvieron una reunión ayer en la sede de la SAyDS con miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, quienes estuvieron acompañados por el intendente Juan José Bahillo.

En el encuentro –al que se calificó de productivo y positivo- se reiteró la posición argentina ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya que va a ser sostenida durante las audiencias orales que se desarrollarán entre el 14 de septiembre y el 2 de octubre, especialmente en dos direcciones: la violación por parte del país vecino del Estatuto del Río Uruguay y el impacto sensible que ocasionó Botnia al ambiente.
Como se recordará, la Argentina recurrió a la Corte en mayo de 2006 por la autorización unilateral del Uruguay a la instalación en la margen oriental del río Uruguay de plantas de celulosa, una industria que está considerada entre las cuatro más contaminantes del mundo, en violación del Estatuto del Río Uruguay rubricado por ambos países en 1975.
En virtud del Estatuto, la Argentina y el Uruguay se comprometieron a proteger ese recurso natural compartido, preservar el medio ambiente del río y sus áreas de influencia, y se obligaron a la información y consulta entre ellos antes de emprender cualquier actividad o instalar cualquier industria que pudiera causar un perjuicio sensible en la otra orilla.
En el curso de la reunión, Bibiloni expresó aspectos del desarrollo del Plan de Vigilancia y su continuidad en el tiempo, con los límites que permite la confidencialidad que rige el procedimiento de la Corte Internacional de Justicia de acuerdo con las reglas procesales del Tribunal.
No obstante, en ese marco se informó a los asambleístas sobre la presentación de la documentación complementaria que la Argentina realizó el 30 de junio ante la Corte, así como nuevamente el 15 de julio en respuesta a la documentación que había presentado el 30 de junio el Uruguay.
La presentación argentina comprendió tres volúmenes de casi 1.500 páginas en total, conteniendo documentación sobre acontecimientos posteriores a la Réplica presentada el 29 de enero de 2008.
La documentación incluye los resultados del Plan de Vigilancia Ambiental del Río Uruguay que, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Ambiente, viene recabando datos sobre el estado del aire, el agua, la flora y la fauna desde hace dos años, además de la documentación diplomática, otra relacionada con la CARU, y la documentación periodística relacionada con la situación en la zona del río Uruguay en las vecindades de Gualeguaychú, especialmente los artículos publicados en EL ARGENTINO y otros medios.
Tal como se había asegurado en la reunión del 5 de marzo pasado, los episodios de mal olor, de floraciones algales y explosiones ocurridas en la planta de Botnia, como también la gran mancha blanca del 4 de febrero de este año, formaron parte de la presentación.
“Todas y cada una de las pruebas vinculadas con el impacto sensible son contundentes”, se indicó a EL ARGENTINO por parte de una fuente de cancillería.
Por su parte, los asambleístas reiteraron su preocupación por la reiteración de los episodios de contaminación, tanto del aire como del agua que se han venido produciendo desde la puesta en funcionamiento de la pastera, y que ponen en serio peligro el futuro de las poblaciones y del medio ambiente de la zona.
Como en su última reunión con la Asamblea el 5 de marzo pasado, la Secretaría de Ambiente y la Cancillería volvieron a ratificar el mismo espíritu, convicción y contenidos que, como política de Estado, motivaron la demanda ante la Corte Internacional de Justicia.
En diálogo con EL ARGENTINO, los asambleístas Jorge Fritzler y Luis Leissa coincidieron en señalar que la reunión fue productiva y positiva. Además, adelantaron que en quince días se instalará una cámara de video de última generación, con infra rojo y giro de 360 grados. “En principio se la colocará en la zona del Ñandubaysal y luego de las pruebas si es necesario ubicarla en otro lugar más estratégico se hará”, señalaron los asambleístas.
Además, los asambleístas ratificaron a EL ARGENTINO que la Asamblea se mantendrá movilizada durante el proceso de La Haya, presumiblemente a partir del 12 de septiembre. “La idea es continuar demostrando a una comunidad movilizada contra la violación al Estatuto y los impactos sensibles al medio ambiente y que a su vez exprese el rotundo no a la licencia social que hasta el momento Botnia fue incapaz de escuchar”, indicó Fritzler a EL ARGENTINO.