El rector explicó de dónde provienen los fondos que recibirá la UNER

El rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), contador Eduardo Asueta, explicó lo resuelto por el Consejo Superior de la Universidad respecto a los fondos provenientes de los Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, distribuidos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a todas las universidades nacionales.

El pasado 4 de agosto, el Consejo Superior de la UNER analizó y debatió extensamente en torno a estos fondos y resolvió, por mayoría de sus integrantes, aceptarlos, estableciendo el compromiso de la Universidad de promover la modificación de la Ley de Inversiones y del Código Minero Nacional y de propiciar la investigación y extensión sobre la problemática ambiental en nuestra provincia y país, en pos del desarrollo sustentable, la defensa de la vida y su medio ambiente.

Ya en plenario celebrado el 18 de mayo pasado en Buenos Aires, los rectores de las universidades nacionales nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) habían aprobado - por Acuerdo Plenario Nº 699- la distribución entre las Casas de Altos Estudios de las utilidades provenientes de los “Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio”, según lo dispuesto por la Ley 14.771. De acuerdo a esa distribución, a la UNER le corresponderían 760 millones de pesos.

El rector se refirió al origen de esa Ley sancionada en 1958, y explicó: "Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán realizaron estudios sobre el territorio de la zona y de la provincia de Catamarca y descubrieron los yacimientos que quedaron registrados como un descubrimiento de la Universidad Nacional de Tucumán”, relató.

Ante este descubrimiento, "el Congreso Nacional creó un ente nacional integrado por el gobierno de la provincia de Catamarca como el territorio donde están ubicados los yacimientos, el gobierno de la provincia de Tucumán, la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado Nacional, conformando el YMAD: Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio, que es el ente público que administra estos recursos”, precisó el contador.

El artículo 18 de la Ley 14.771, inciso c, dispone que “los resultados que se obtengan por la explotación de esa mina se distribuirán en distintos porcentajes: parte para la Universidad de Tucumán y parte para el resto de las universidades nacionales, que en 1958 eran sólo 6 y ahora son 42”, resaltó.

“Recién a partir del año pasado se comenzaron a distribuir los excedentes que los establecía esa misma ley”, indicó, y aclaró: “Esto no se trata de ninguna donación, ni de un subsidio, ni socava los principios de educación pública y de bien social que hemos venido sosteniendo y seguiremos defendiendo en nuestra Universidad. Estos fondos provienen del ente administrador público que está obligado por ley a depositarlos”, agregó Asueta. Y diferenció: “Está “Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio” (YMAD) y está la UTE, que es la que hace la explotación de la mina. Allí sí hay capitales canadienses y de otros países, pero la universidad no recibe ningún fondo de quien explota la mina, sino del ente que tiene a su cargo la explotación de los resultados de esa mina. O sea, de YMAD”.

Debate
Asueta recordó que “el año pasado, cuando se hizo la primera distribución, el Consejo Superior decidió también aceptar esos fondos e incorporarlos al presupuesto de la universidad como hicieron todas las universidades nacionales del país”.

Es importante señalar que "es el Consejo Superior, conformado por 32 miembros -los 9 decanos; 9 docentes, uno por cada facultad; 6 graduados; 6 estudiantes y dos representantes del personal administrativo y de servicio- “es quien define las políticas y donde se tratan los temas más importantes de la Universidad, un órgano de gobierno autónomo y respetuoso de todas las opiniones" - resaltó el rector.

En este marco, la aceptación de los fondos provenientes de la explotación de la mina “Bajo la Alumbrera” mereció un espacio “donde cada uno pudo expresarse; incluso llegaron al Consejo Superior resoluciones de Consejos Directivos de facultades que habían tratado el tema, o sea, que los representes de esas facultades llevaban propuestas de las propias comunidades”, contó el rector.

Durante el encuentro “se debatió, se expresaron todas las posiciones, se procedió a votar y por mayoría resultó la propuesta de, primero, aceptar los fondos y segundo, plantear la importancia de que el tutelaje ambiental sea ejercido por quienes son responsables: el estado nacional, los estados provinciales, la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación y la que tiene cada una de las provincias para que realmente toda la actividad humana, comercial, industrial, productiva, cumpla realmente con las disposiciones para crear un medio ambiente sustentable y para no agredirlo. En eso estamos absolutamente de acuerdo y así se expresaron todos los consejeros superiores de la Universidad”, afirmó.

“En lo que se tiene que comprometer la Universidad - y así está expresado en el artículo 2 de la resolución a través de la cual se aceptan los fondos- es a que se revisen las normas legislativas tanto del código minero para verificar si contempla todas las realidades de las nuevas formas de explotación de las minas y en el desarrollo de proyectos de investigación que permitan producir nuevos conocimientos aplicables a la protección del medio ambiente”, especificó.