En el Juzgado de Garantía de Licantén, le martes 29, la Fiscalía obtuvo la primera condena en Chile por un delito medioambiental relacionado con contaminación de aguas. Lo anterior en relación a la causa iniciada de oficio por el Fiscal José Alcaíno luego que aparecieran muertos cientos de peces en la desembocadura del río Mataquito los días 3 y 4 de junio de 2007.
La acuciosa investigación del Fiscal Jefe de Licantén José Alcaíno reunió alrededor de 80 informes periciales especializados efectuados por la Brigada Medio Ambiental (Bidema) de la PDI, universidades, organismos públicos y declaraciones.
Todo ello permitió a la Fiscalía llevar a juicio simplificado a Erasmo Eduardo Quezada Leighton, ex gerente de la planta Licancel, quien conociendo las implicancias medioambientales, ordenó una serie de acciones que, en su conjunto, provocaron que la laguna de tratamiento de efluentes con que cuenta la planta, no cumpliera su función de neutralizar las características químicas de los residuos industriales líquidos que allí se almacenan, previo a su desagüe al curso del río Mataquito. “Avaló la orden de seguir descargando riles fuera de norma que provocaron la muerte de los peces”, dijo el Fiscal Alcaíno.
Estas descargas se produjeron durante 30 horas aproximadamente entre los días 3 y 4 de junio de 2007, contaminando químicamente el río, disminuyendo el oxigeno del agua lo que hizo inviable la vida de los peces. La Fiscalía pidió que el tribunal aplicara una multa de 1.500 UTM (alrededor de 55 millones de pesos), pero la decisión del tribunal en cuanto al monto de la multa se conocerá el próximo martes 6 de octubre a las 13:30 horas.
En cuanto a ex jefe de área de la planta, Gustavo Kroll, la Fiscalía llegó a una suspensión condicional del procedimiento que, además de fijar domicilio y firmar trimestralmente, obliga al imputado a aportar 80 millones de pesos en beneficio de la comunidad.
Dicho monto la Fiscalía lo detalló de la siguiente forma: compra de dos colectivos de 45 pasajeros cada uno, avaluados en alrededor de 60 millones de pesos y construcción de una cancha de fútbol con pasto natural y riego tecnificado, avaluado en alrededor de 20 millones de pesos. “Estos dos colectivos son para el transporte de los niños, de los estudiantes de la comuna que viven en lugares alejados y que no tienen medios de transporte para llegar a los recintos educacionales -explicó el Fiscal Alcaíno- y se hizo a través de la comunidad que es la entidad que representa los intereses de la comuna.
Ambos imputados estaban formalizados por el mismo delito, es decir, introducción de cuerpos de agua de agentes contaminantes químicos que causan daños a recursos hidrobiológicos, descrito y sancionado en la Ley de Pesca. Pero la diferencia fue explicada por el Fiscal Alcaíno: “El reproche al gerente de una planta que es el jefe, quien tiene el dominio absoluto del proceso productivo es muy diferente a la de un trabajador que tiene un mando medio, es decir, la orden venía de gerencia”, puntualizó.
Gustavo Kroll tiene 45 días de plazo para comprar los buses y otros diez días para depositar los cerca de 20 millones en la cuenta del tribunal. A su vez, el municipio tiene seis meses de plazo para construir la cancha de futbolito. De superar ese plazo, el dinero será destinado en partes iguales a hogares de ancianos de Licantén y Curepto.
Fuente: www.molivision.cl
La acuciosa investigación del Fiscal Jefe de Licantén José Alcaíno reunió alrededor de 80 informes periciales especializados efectuados por la Brigada Medio Ambiental (Bidema) de la PDI, universidades, organismos públicos y declaraciones.
Todo ello permitió a la Fiscalía llevar a juicio simplificado a Erasmo Eduardo Quezada Leighton, ex gerente de la planta Licancel, quien conociendo las implicancias medioambientales, ordenó una serie de acciones que, en su conjunto, provocaron que la laguna de tratamiento de efluentes con que cuenta la planta, no cumpliera su función de neutralizar las características químicas de los residuos industriales líquidos que allí se almacenan, previo a su desagüe al curso del río Mataquito. “Avaló la orden de seguir descargando riles fuera de norma que provocaron la muerte de los peces”, dijo el Fiscal Alcaíno.
Estas descargas se produjeron durante 30 horas aproximadamente entre los días 3 y 4 de junio de 2007, contaminando químicamente el río, disminuyendo el oxigeno del agua lo que hizo inviable la vida de los peces. La Fiscalía pidió que el tribunal aplicara una multa de 1.500 UTM (alrededor de 55 millones de pesos), pero la decisión del tribunal en cuanto al monto de la multa se conocerá el próximo martes 6 de octubre a las 13:30 horas.
En cuanto a ex jefe de área de la planta, Gustavo Kroll, la Fiscalía llegó a una suspensión condicional del procedimiento que, además de fijar domicilio y firmar trimestralmente, obliga al imputado a aportar 80 millones de pesos en beneficio de la comunidad.
Dicho monto la Fiscalía lo detalló de la siguiente forma: compra de dos colectivos de 45 pasajeros cada uno, avaluados en alrededor de 60 millones de pesos y construcción de una cancha de fútbol con pasto natural y riego tecnificado, avaluado en alrededor de 20 millones de pesos. “Estos dos colectivos son para el transporte de los niños, de los estudiantes de la comuna que viven en lugares alejados y que no tienen medios de transporte para llegar a los recintos educacionales -explicó el Fiscal Alcaíno- y se hizo a través de la comunidad que es la entidad que representa los intereses de la comuna.
Ambos imputados estaban formalizados por el mismo delito, es decir, introducción de cuerpos de agua de agentes contaminantes químicos que causan daños a recursos hidrobiológicos, descrito y sancionado en la Ley de Pesca. Pero la diferencia fue explicada por el Fiscal Alcaíno: “El reproche al gerente de una planta que es el jefe, quien tiene el dominio absoluto del proceso productivo es muy diferente a la de un trabajador que tiene un mando medio, es decir, la orden venía de gerencia”, puntualizó.
Gustavo Kroll tiene 45 días de plazo para comprar los buses y otros diez días para depositar los cerca de 20 millones en la cuenta del tribunal. A su vez, el municipio tiene seis meses de plazo para construir la cancha de futbolito. De superar ese plazo, el dinero será destinado en partes iguales a hogares de ancianos de Licantén y Curepto.
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